Publica la revista América 21, en su última edición que en dos años, la población de la ciudad de Buenos Aires que vive en la calle pasó de dos mil a 20 mil personas, según informes de la Defensoría del Pueblo.
“En octubre de 2008 el gobierno de Mauricio Macri creó la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP). Es un organismo que ha sido denunciado en la Defensoría del Pueblo, en la Legislatura de la ciudad y en diversos medios de comunicación nacionales por haber desalojado por la fuerza a cientos de personas en situación de calle. Lejos de ser una política aislada, la utilización del espacio público para generar negocios privados es una constante en la escena porteña pero también en la nacional donde la vivienda no es entendida como un derecho humano inalienable sino como una mercancía.
Cuando cae la noche, las galerías de los cines, las veredas debajo de las autopistas, las plazas y los parques sirven de refugio para la gente que se ha quedado sin vivienda. Los diferentes gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires han demostrado, desde hace décadas, desidia e irresponsabilidad en las políticas habitacionales. Pero con la administración de Mauricio Macri, la indolencia se convirtió en mano dura”.
En nuestra ciudad parece querer seguirse el mismo camino:
El desalojo decretado por el Juez Juan Tapia, en el predio "15 de Enero" del Barrio El Martillo, a los vecinos del Barrio Pueyrredón fue realizado sin cumplir los requisitos fijados en el decreto. Al estado solo le interesa recuperar un predio, sin darle solución al problema habitacional de los que hoy están ocupando esas casas. Primero el terreno, después vemos que hacemos con las familias, es el mensaje.
No podemos permitir que vecinos de nuestra ciudad que quieren vivir dignamente sean expulsados de las casas que ocupan, sin que se les de una solución concreta a su necesidad.
El intendente corre presurosos a hablar con el gobernador o con el Ministro de Interior, cuando un crimen es cometido por un menor, pero ni aparece cuando cientos de menores son empujados a la calle.
Nos preguntamos: Porque si desde las distintas instancias del poder se declama integración social e iguales oportunidades para todos los habitantes, ahora que los y las sin techo tienen un techo y un proyecto para sus hijos e hijas, ahora que esos hijos van a la escuela el poder,el estado, a traves de "la justicia" los margina y los aisla, sin importarles su destino.
Desde Comunicación Directa, suscribimos lo que dicen las organizaciones que apoyan a los sin techo: La solución no es el desalojo. La solución es que el estado garantice viviendas dignas para todas las familias marplatenses que sufren la crisis habitacional. El derecho a una vivienda digna es un Derecho Humano.
